INFORME DEFENSORIAL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY N 348


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1 INFORME DEFENSORIAL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY N 348 Defensoría del Pueblo 2018

2 ÍNDICE Presentación Introducción CAPITULO UNO CONSIDERACIONES GENERALES 1.1 Metodología 1.2 Marco Normativo Internacional y Nacional del Derecho a una vida sin violencia 1.3 Situación de la Violencia en cifras CAPITULO DOS DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 2.1 Denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos en el marco de la Ley N Estado de cumplimiento de la Ley N 348 a través de las instancias públicas del nivel central de Gobierno Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Ministerio de Educación y Universidad Boliviana 2.3 Estado de cumplimiento de la Ley N 348 a través de las instancias públicas especializadas en la recepción y atención de denuncias Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELCV Ministerio Público Órgano Judicial - Consejo de la Magistratura 2.4. Estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección de la Ley N 348 a través de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) Gobiernos Autónomos Departamentales Gobiernos Autónomos Municipales Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) Casas de Acogida y Refugios Temporales 2.5. Coordinación interinstitucional para la atención y protección de mujeres en situación de violencia 2.6. Testimonios y aplicación de la Ley N 348 CAPITULO TRES PLANTEAMIENTOS DEFENSORIALES Conclusiones Recomendaciones Recordatorios de Deberes Legales Bibliografía Anexos 2

3 ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS Cuadro 1. Número de denuncias sobre delitos contemplados en la Ley N 348 presentadas a la FELCV ( ) Cuadro 2. Número de casos abiertos por el Ministerio Público sobre delitos de violencia contemplados en la Ley N 348, a nivel nacional Cuadro 3. Número de casos abiertos por el Ministerio Público sobre delitos de violencia contemplados en la Ley N 348, por Departamento Cuadro 4. Número de casos diferenciados por tipo penal acorde a la Ley N 348, a nivel nacional Cuadro 5. Edad de las víctimas de delitos contemplados en la Ley No. 348 a nivel nacional Cuadro 6. Etapa procesal de los casos por año (Nacional) Cuadro 7. Número de feminicidios por año (Nacional) Cuadro 8. Derechos más denunciados al Sistema del Servicio al Pueblo, entre 2015 y marzo de 2018 en el marco de la Ley N 348 (nacional) Cuadro 9. Institución más denunciada al Sistema del Servicio al Pueblo, entre 2015 y marzo de 2018 en el marco de la Ley N 348 (nacional) Cuadro 10. Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional Cuadro 11. Reporte de Datos Estadísticos del SIJPLU. Total Servicio de Patrocinio Legal a favor de las Mujeres Víctimas de Delitos de Violencia 2015 a 2017 Cuadro 12. Reporte de Datos Estadísticos del SIJPLU. Total Servicios Atendidos a favor de Mujeres Víctimas de Violencia ( ) Cuadro 13. Oficinas y Personal de las oficinas del SEPDAVI a nivel nacional Cuadro 14. Cantidad de casos patrocinados por el SEPDAVI en el marco de La Ley 348 Gestión 2017 Cuadro 15. Cantidad de casos patrocinados por el SEPDAVI en el marco de La Ley 348 Gestión 2018 (enero a marzo) Cuadro 16. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Cuadro 17. Mujeres en situación de violencia atendidas en establecimientos de Salud: 2015 al 2017 Cuadro 18. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia psicológica obstétrica, 2016 Cuadro 19. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / Ministerio de Salud 3

4 Cuadro 20. Denuncias de violencia atendidas en el ámbito laboral Cuadro 21. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / Ministerio de Trabajo, empleo y previsión social Cuadro 22. Servicios de Atención y otros del Sistema de Universidad Boliviana Cuadro 23. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Cuadro 24. Efectivos de la FELCV a nivel nacional Cuadro 25. Infraestructura y Equipamiento de la FELCV, por Departamento Cuadro 26. Equipamiento de las Oficinas de la FELCV para la atención de casos Cuadro 27. Aplicación del Formulario de Valoración del Riesgo FELCV Cuadro 28. Aplicación de Protocolos y Ruta Crítica Cuadro 29. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / FELCV Cuadro 30. Número de Fiscales del FEVAP en el territorio nacional Cuadro 31. Vehículos asignados a las FEVAP a nivel nacional Cuadro 32. Número de fiscales que realizaron cursos de capacitación (nacional) Cuadro 33. Personal de la UPAVT en los departamentos Cuadro 34. Ubicación de Cámaras Gesell a nivel nacional Cuadro 35. Medidas de Protección dispuestas por el Ministerio Público Cuadro 36. Curso o especialidad personal del IDIF Cuadro 37. Aplicación de Protocolos de Atención Cuadro 38. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / Ministerio Público Cuadro 39. Juzgados de Instrucción, Sentencia y Tribunales de Sentencia de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuadro 40. Informes de Inicio de Investigación Cuadro 41. Sentencias emitidas por los Tribunales de Sentencia de Violencia Hacia las Mujeres al 2017 Cuadro 42. Avances y Obstáculos en la Implementación de la Ley 348. / Órgano Judicial 4

5 Cuadro 43. Programa 25 Defensa y Protección de la Mujer a nivel nacional Cuadro 44. Programa 25 Defensa y Protección de la Mujer a nivel nacional Cuadro 45. Resumen de personal en SLIMs Cuadro 46. Aplicación de Formularios: Valoración de Riesgo (FVR) y Registro Único de Violencia (RUV) Cuadro 47. Reporte de Casas de Acogida a Nivel Nacional Cuadro 48. Resumen de la implementación de Casas de Acogida y Refugio Temporal Cuadro 49. Resumen Talleres Departamentales Gráfico 1. Atención a mujeres en situación de violencia Gráfico 2. Protección a mujeres en situción de violencia Gráfico 3. Delitos más frecuentes con proceso en el Ministerio Público (Nacional) Gráfico 4. Personal a cargo de recepción de denuncias - FELCV Gráfico 5. Número de investigadores/as - FELCV Gráfico 6. Seguimiento a Medidas de Protección Gráfico 7. Aplicación del Protocolo para la adopción de medidas de protección y asistencia del Ministerio Público Gráfico 8. Total ejecución presupuestaria gestiones Gráfico 9. Ejecución Presupuestaria Departamental Gráfico 10. Casos atendidos en los SLIMS por departamento

6 SIGLAS Y ABREVIATURAS CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés) CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos COSLAM. Centros de Orientación Socio-legal para las Personas Adultas Mayores CPE Constitución Política del Estado DNA Defensoría de La Niñez y la Adolescencia EPCVcM Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres EPI Estaciones Plurinacionales Integrales ETA Entidad Territorial Autónoma FELCV Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FEVAP Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria IDIF Instituto de Investigaciones Forenses INE Instituto Nacional de Estadística MAE Máxima Autoridad Ejecutiva OMS Organización Mundial de la Salud ONG Organización no gubernamental ONU Organización de Naciones Unidas RUV Registro Único de Violencia en Razón de Género RUVI Registro Único de Violencia Intrafamiliar SEPDAVI Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima SIPPASE Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género SIJPLU Servicios Integrados de Justicia Plurinacional SIMOPREDH Sistema de Monitoreo de Progresos en Derechos Humanos SLIM Servicio Legal Integral Municipal SNIS-VE Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica 6

7 UAPVT Unidades de Protección, Asistencia a Víctimas y Testigos UPRE Unidad de Proyectos Especiales VIO Viceministerio de Igualdad de Oportunidades VRG Violencia en Razón de Género UMADIS Unidad Municipal de atención a las Personas con Discapacidad GAMEA Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 7

8 PRESENTACIÓN La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional, desde su rol de defensa, cumplimiento y promoción de los derechos humanos con énfasis en los sectores desfavorecidos y los colectivos en situación de vulnerabilidad, desarrolla un papel preponderante en la construcción del Estado Plurinacional, teniendo entre sus prioridades, lograr el ejercicio efectivo de los derechos humanos a partir de la transformación de realidades. En ese entendido, dada la subsistencia del sistema patriarcal imperante en nuestros días y de sus diferentes manifestaciones, se consideró prioritario abordar el tema de la violencia contra las mujeres, entendida como la forma más extrema de discriminación y vulneración a derechos humanos más habitual, cuyos efectos y consecuencias repercuten en la familia, la comunidad y sociedad entera. El presente informe, basado en la investigación sobre el estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección establecidas en la Ley N 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, pretende reconocer los avances, determinar los obstáculos e identificar los desafíos de las instituciones competentes en la materia, para lo cual concluye en recomendaciones y recordatorios de deberes legales entendidos ambos como instrumentos que aportan a la superación de dificultades en el ejercicio de diferentes derechos. La elaboración del Informe Defensorial coincide con la culminación de una primera etapa de aplicación a la Ley N 348, periodo de cinco años, en el cual se ha demostrado el establecimiento de mecanismos, medidas y políticas que contribuyen a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y el reflejo de debilidades y falencias que requieren de transformaciones profundas en atención a la prioridad nacional de erradicar la violencia hacia las mujeres, asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia. Las contribuciones expuestas en el informe aspiran a conocer con criterios de especificidad, las dificultades de los servicios de atención y de las medidas de protección desarrolladas por las instituciones dependientes de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, considerando que dichos actores son indispensables para garantizar la implementación de la Ley N 348 y consecuentemente brindar la atención y protección necesaria a toda mujer en situación de violencia. Igualmente, atendiendo el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo, el presente informe plantea medidas para orientar la toma de decisiones por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, que contribuyan al cumplimiento de los tratados e Instrumentos internacionales de derechos humanos y de las recomendaciones emitidas por los distintos Órganos de Protección de Derechos. Finalmente, destacar el apoyo brindado por las instituciones relacionadas al Informe, las cuales permitieron que se cuente con información desagregada y actualizada sobre la temática, así como por la contribución de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres - ONU Mujeres, en la elaboración y publicación del presente Informe Defensorial. 8

9 INTRODUCCIÓN El 09 de marzo del año 2013 se promulgó la Ley N 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, hito que viene marcado por una larga y esforzada lucha de los distintos movimientos de mujeres que, no sólo cuestionaron la poca efectividad de la pasada Ley N 1674 (Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica), sino construyeron y propusieron, durante años, los contenidos que ahora versan sobre esta norma. Por supuesto, el contexto y las voluntades políticas fueron centrales en la aprobación de esta ley. Desde hace más de una década la configuración y estructura del Estado y la sociedad atraviesan una serie de cambios que buscan enfrentar la discriminación, el racismo, la exclusión y la violencia, entre otros temas. Así, la violencia contra las mujeres pasa a ser un tema central e irreversible que da lugar a un conjunto de cambios en el aparato estatal y en el imaginario social. Ha transcurrido cinco años desde la puesta en vigencia de la Ley N 348. Qué se ha modificado?, Cuánto se avanzó?, Cuáles son los mayores obstáculos en la aplicación de la ley?, sin duda, es necesario un balance sobre su aplicación, los avances, dificultades y desafíos de corto y mediano plazo. Esta tarea, que implica un análisis cuidadoso de las acciones de instancias públicas encargadas de garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida sin violencia, fue encarada como prioritaria por la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales, de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos y de conformidad a los numerales 3) y 5) del Artículo 222 de la Constitución Política del Estado. En esta ruta se dispuso la elaboración del presente documento, con el objetivo de coadyuvar en la adopción y fortalecimiento de acciones que contribuyan a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia a partir de un análisis sobre el cumplimiento de las medidas de atención y protección dispuestas en la Ley N 348. A tal efecto, se analizaron además los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos acordes a la temática, y los estándares establecidos por los Órganos de Protección sobre la debida diligencia, éstos últimos disponen la obligación de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental a partir de procedimientos, mecanismos judiciales y legislación para evitar la impunidad en los casos de violencia hacia la mujer. El informe contiene tres capítulos: El primero dedicado a las consideraciones generales, en el cual se desarrolla la metodología empleada para este informe defensorial, el marco normativo nacional e internacional de protección al derecho a una vida sin violencia, y la situación en cifras nacionales sobre la problemática; el segundo, referido al diagnóstico y hallazgos de la intervención defensorial sobre la temática, en la cual se expone de manera cuantitativa y cualitativa datos del Sistema al Servicio al Pueblo en el marco de la Ley N 348, información de las instituciones públicas del nivel central de gobierno, y de los servicios de recepción de denuncias conforme a la ruta de atención y protección a nivel departamental y municipal, -incluyendo los resultados de talleres departamentales y de testimonios recogidos-, diagnóstico que incluye un análisis detallado sobre los avances y obstáculos identificados en el 9

10 cumplimiento de la Ley N 348. Finalmente, un tercer capítulo, en el que se desarrollan los planteamientos defensoriales organizados en análisis y conclusiones, recomendaciones y recordatorio de deberes legales, enfocadas en el avance y aplicación de la norma. En ese entendido, la relevancia de este documento está marcada por la posibilidad de coadyuvar en la adopción y fortalecimiento de acciones estatales que garanticen el derecho fundamental a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, así como los derechos a la vida y a la integridad, sin los cuales no es posible hablar de ciudadanía plena, de inclusión, de equidad, y menos aún de despatriarcalización en la sociedad boliviana. Noviembre,

11 Capitulo Uno Consideraciones Generales 11

12 1.1 METODOLOGÍA El trabajo de evidenciar los avances y obstáculos en la aplicación de una normativa, para tratar de entender y analizar los cambios en la vida de las personas, en este caso de las mujeres bolivianas es, en sí mismo, un avance importante. Este documento, más allá de recopilar, agrupar, ordenar y analizar datos de la realidad del país- respecto a la aplicación de la Ley N 348- se diferencia de otros estudios similares por la importante cantidad de servidoras y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo que participaron en él, cuyo trabajo minucioso permitió un alcance importante y la posibilidad de verificar, en terreno, el desarrollo de los servicios de atención y protección de la Ley. a. Objetivo General El informe tiene por objetivo coadyuvar en la adopción y fortalecimiento de acciones que contribuyan a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia a partir del reconocimiento de avances y limitaciones existentes en las medidas de atención y protección establecidas en la Ley N 348. b. Objetivos Específicos La investigación adopta los siguientes objetivos específicos: Identificar y conocer los recursos, servicios disponibles y especializados en el nivel central y entidades territoriales autónomas dirigidos a cumplir con la atención y protección a las mujeres en situación de violencia 1. Verificar la calidad de los servicios disponibles dirigidos a brindar atención y protección a las mujeres en situación de violencia, de acuerdo a los parámetros de infraestructura, equipamiento, gratuidad, informalidad y especialidad establecidos en La Ley N 348. Detectar los obstáculos que impiden la implementación de la Ley N 348, por parte de las instituciones a cargo. Emitir recomendaciones y recordatorios de deberes legales que contribuyan a la adopción y fortalecimiento de medidas dirigidas a la atención y protección de mujeres en situación de violencia. c. Enfoque El presente Informe cuenta con un enfoque cuantitativo y cualitativo, que permitió, por un lado, sistematizar todos aquellos elementos medibles en los servicios de atención (número de casos atendidos, denuncias, procesos, uso de manuales, etc.), y por otro, contrastar la información con las percepciones de las y los operadores de la ley vinculados a la temática, así como testimonios de mujeres en situación de violencia. 1 Para el desarrollo del Informe, se entenderá como recurso disponible a todos medios con los que cuentan las instituciones del Estado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entre los que se encuentran recursos económicos, materiales, personal, instrumentos, herramientas, etc. 12

13 d. Alcance La investigación fue realizada a nivel nacional, teniendo el siguiente alcance: Instituciones del nivel central de gobierno Instituciones especializadas en la recepción y atención de denuncias Entidades Territoriales Autónomas Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (SEPDAVI y SIJPLU). Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ministerio de Educación. 23 Oficinas de atención y recepción de denuncias para la atención de casos Contra la Violencia hacia las Mujeres de la Policía Boliviana. 17 Oficinas del Ministerio Público. 11 Oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). 9 Gobiernos Autónomos Departamentales 54 Gobiernos Autónomos Municipales, de los cuales se abarcó a 99 Servicios Legales Integrales (SLIMs) y 18 Casas de Acogida y Refugios Temporales. (ANEXO 1). Sistema de la Universidad Boliviana 2 Órgano Judicial Consejo de la Magistratura El detalle con la ubicación de las Oficinas se encuentra en el ANEXO 1 El alcance temporal de la investigación abarca el periodo de implementación de la Ley Nº de marzo de 2013 a la fecha, la información estadística que se presenta data del periodo , incluyendo algunos datos del primer trimestre de la gestión Finalmente, las verificaciones defensoriales fueron realizadas en el periodo de abril y mayo del presente año. e. Mecanismos de Intervención Para definir los mecanismos de intervención se han considerado los actores que tienen relación con las medidas de atención y protección de las mujeres en situación de violencia en el marco de la Ley N 348, de acuerdo a los siguientes gráficos: 2 Se incluyó en el alcance del presente informe al Sistema de la Universidad Boliviana en virtud a sus atribuciones de las Universidades establecidas en el Artículo 24 de la Ley N

14 Gráfico 1. Atención a mujeres en situación de violencia FELCV SLIMS Ministerio Público SEPDAVI- SIJPLU IDIF Gráfico 2. Protección a mujeres en situción de violencia FELCV SLIMS Ministerio Público Refugios Temporales y Casas de acogida Organo Judicial La intervención a cada instancia se efectuó conforme las atribuciones y funciones establecidas en la normativa vigente, para lo cual se utilizaron los siguientes mecanismos: Requerimientos de Información Escrita Se realizó un relevamiento de información mediante requerimientos de informe escrito dirigidos a autoridades nacionales, departamentales y municipales, a objeto de obtener de manera fundamentada la información y datos que motivan la investigación, según el siguiente detalle: 1. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 2. Ministerio de Salud. 3. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 4. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 5. Ministerio de Educación. 6. Policía Boliviana - FELCV. 7. Consejo de la Magistratura. 8. Ministerio Público - FEVAP, UAPVT, IDIF. 9. Instituto Nacional de Estadística 10. Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). 14

15 11. Gobiernos Autónomos Departamentales SEDES, SEDEGES y SEDEPOS. 12. Gobiernos Autónomos Municipales. 13. SEPDAVI Verificaciones Defensoriales Se realizaron verificaciones defensoriales a las instituciones que brindan atención y protección a las mujeres en situación de violencia, con la finalidad de conocer la calidad de atención de los servicios prestados, de acuerdo a los parámetros de infraestructura, equipamiento, cumplimiento de los principios de gratuidad e informalidad, así como mecanismos de seguridad establecidos en la normativa vigente, protocolos y manuales aprobados por las instituciones competentes: Oficinas de la de la Policía Boliviana (N FELCV y N de Oficinas de recepción y atención de denuncias). Ministerio Público (FEVAP, UAPVT e IDIF) SLIMS Casas de Acogida y Refugios Temporales Entrevistas semi-estructuradas Como mecanismo complementario, las Delegaciones Departamentales Defensoriales y las Coordinaciones Regionales realizaron entrevistas semi estructuradas a personal a cargo de la atención y protección de las siguientes instituciones: Oficinas de la FELCV, Ministerio Público (FEVAP, UAPVT, IDIF) SLIMS Casas de Acogida y Refugios Temporales Las entrevistas tuvieron por objetivo conocer la calidad de la atención brindada de acuerdo a los parámetros de personal multidisciplinario especializado, cumplimiento de los principios de gratuidad, formalidad y conocimiento de la aplicación de medidas de protección a través del uso del formulario de valoración de riesgo, la implementación de planes de seguridad y la coordinación interinstitucional establecidas en la Ley N 348. f. Talleres interinstitucionales Se realizaron nueve talleres interinstitucionales departamentales con la finalidad de conocer el grado de coordinación en la aplicación de Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el marco de la Ley N 348, contándose para ello con las instancias que participan en la ruta de atención y protección establecida en la misma norma. g. Otras Fuentes Otras fuentes de información primarias y secundarias utilizadas en el documento son: 15

16 - Informe del Sistema de Servicio al Pueblo sobre casos de vulneración de derechos cometidos durante la atención y protección a mujeres en situación de violencia a nivel nacional. - Testimonios recogidos por las Delegaciones Defensoriales Departamentales. - Entrevistas a representantes de instancias estatales. - Informes e investigaciones que se detallan en el capítulo de Bibliografía. h. Ruta metodológica La ruta metodológica implicó, de manera general, los siguientes pasos: Elaboración, discusión y aplicación de la Guía de intervención defensorial: Evaluación Integral sobre el Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de La Ley N 348, diseñada por la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo. Elaboración y remisión de RIEs (Requerimientos de Información Escrita). Desarrollo de protocolos de verificación y entrevista siguientes: Protocolo de Verificación Defensorial Aplicable a las Direcciones Departamentales, Regional y Provincial de la FELCV. Protocolo de Entrevista Defensorial Aplicable a las Direcciones Departamentales, Regional y Provincial de la FELCV. Protocolo de Verificación Defensorial aplicable al Ministerio Público. Protocolo de Entrevista Defensorial aplicable al Ministerio Público. Protocolo de Verificación Defensorial aplicable a SLIMS del Nivel Urbano y Rural. Protocolo de Entrevista Defensorial aplicable a SLIMS del Nivel Urbano y Rural. Protocolo de Verificación Defensorial aplicable a las Casas de Acogida y Refugios Temporales. Protocolo de Entrevista Defensorial aplicable a las Casas de Acogida y Refugios Temporales. Protocolo de Verificación Defensorial aplicable al IDIF. Protocolo de Entrevista Defensorial aplicable al IDIF. Acopio, selección y ordenamiento de la información recogida por las 16 Oficinas Defensoriales. Revisión y análisis de informes oficiales. Sistematización de la información obtenida. Armado de base de datos por departamento, municipio y servicio de atención y protección. Revisión y análisis de otras fuentes de información: testimonios, informes de la Defensoría, investigaciones. Elaboración de informe defensorial. 16

17 1.2 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Principales Instrumentos Contra La Violencia Hacia Las Mujeres El Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Bolivia mediante el Decreto Supremo Nº de 5 de enero de 1982, elevada a rango de Ley Nº 1100 de 15 de septiembre de 1989, establece: A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia mediante Ley N 1599 de 18 de agosto de 1994, en el Artículo 1, señala: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por Violencia contra la Mujer cualquier acción o conducta, basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto si se producen en la vida pública como en el privado". El Artículo 2 de la misma Convención Interamericana establece: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenggde, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. El Artículo 7 de la misma Convención señala que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, llevando a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. El Artículo 8 de la Convención dispone que los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: ( ) fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 17

18 f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social. Por otro lado, el Artículo 4 de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada mediante Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, de la Organización de Naciones Unidas, establece que los Estados deberán: ( ): e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer; f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer. g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica. Caso , Acuerdo de Solución Amistosa M.Z. Vs. Bolivia El acuerdo de Solución Amistosa se encuadra en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la discriminación por parte de los operadores de justicia. La suscripción del mismo, y el compromiso firme de las peticionarias, de la señora MZ y del Estado boliviano, permitió que, a través del establecimiento de las cláusulas de este acuerdo, mayormente enfocadas a las garantías de no repetición, se realizaran a nivel nacional avances en materia de políticas públicas, de derechos humanos y género, ciclos de formación a operadores de justicia, modificación del Reglamento de la Carrera Judicial, emisión de leyes y creación de Unidades Especializadas de Atención dotadas de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades 3. MARCO NORMATIVO NACIONAL Constitución Política del Estado El marco normativo para el derecho a una vida sin violencia se origina en la Constitución Política del Estado, específicamente el Artículo 15 que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 3 Informe No. 103/14, caso , de Solución Amistosa M.Z. Bolivia, aprobado por la Comisión en su sesión N 2016, celebrada el 7 de noviembre de 2016, p

19 III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. La Ley N 348, Integral para Garantizar a Las Mujeres una Vida Libre de Violencia Esta ley representa uno de los principales avances normativos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, fue promulgada el 9 de marzo de 2013 y busca prevenir, atender y proteger a las mujeres que han sufrido o están en situación de violencia; también señala que se deben reparar los daños causados, perseguir y sancionar a los agresores. Debe aplicarse en todo el territorio nacional. Define la violencia como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muertes, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio o su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer (Artículo 6). La Ley Nº 348 señala que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una prioridad nacional. Para ello todas las instituciones del Estado, las organizaciones sociales, las instituciones, los medios de comunicación, etc. deben comprometerse y realizar acciones para su completa aplicación. La Ley No. 348 protege a todas las mujeres, sin importar su edad, estado civil, procedencia, ni condición socioeconómica; antes, después y en el momento de encontrarse en situación de violencia. Son muchos los factores nuevos y trascendentales de esta ley. Se destacan los siguientes: Establece 16 diferentes tipos de violencia: - Violencia Física. - Violencia Feminicida. - Violencia Psicológica. - Violencia Mediática. - Violencia Simbólica y/o Encubierta. - Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. - Violencia Sexual. - Violencia Contra los Derechos Reproductivos. - Violencia en Servicios de Salud. - Violencia Patrimonial y Económica. - Violencia Laboral. - Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. - Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 19

20 - Violencia Institucional. - Violencia en la Familia. - Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Dispone que la violencia es un delito penal. Define el Feminicidio como un nuevo tipo penal en legislación nacional. Prohíbe la conciliación, aceptándola excepcionalmente sólo por única vez y sólo si es promovida por la víctima 4. Si se necesita realizar peritajes para la investigación, el imputado será responsable de pagar por tales peritajes, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera. Determina la posibilidad de declarar alerta nacional o local en el tema violencia y habilitar recursos adicionales para tratar la violencia. Establece que las universidades y centros de formación creen programas y servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia las mujeres, la atención y rehabilitación. Determina que la sociedad civil debe ejercer control social para el cumplimiento de la norma, y participar en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de prevención, atención y protección a las mujeres, así como la calidad de los servicios públicos y privados. El Artículo 14 de la Ley N 348 define que las Entidades Territoriales Autónomas (departamento, municipio o territorio indígena originario campesino), deben incorporar en su Planificación Operativa Anual y presupuestos acciones específicas para la aplicación de la Ley. Asimismo esta norma dispone las siguientes obligaciones: a. Adoptar mecanismos para la prevención de la violencia, así como la atención y protección a las mujeres en situación de violencia. (Art. 47). b. Implementar protocolos de atención especializada para los casos se violencia (Art. 9) c. Crear y /o fortalecer los servicios de atención y protección para mujeres en situación de violencia (SLIMs, FELCV, DNNA, SIJPLU y otros). (Arts. 50 y 60). d. Implementar acciones de seguridad pública y privada para las mujeres (Art. 9.4). e. Crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural (Art. 25). f. Dotar infraestructura a Casas de Mujeres en el área rural (Art. 30). Decreto Supremo N 2145 de 14 de octubre de 2014, Reglamentación de la Ley N 348 El Decreto Supremo N 2145 de 14 de octubre de 2014, que reglamenta la Ley N 348, determina la obligatoriedad de las diferentes instancias para la asignación de recursos destinada al cumplimiento de esta normativa de la siguiente forma: Artículo 13.- (Uso de recursos) I. Los gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%) del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales, para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, durante la primera gestión fiscal siguiente a la publicación del presente Decreto Supremo. 4 Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, Artículo 46 (Prohibición de Conciliar). 20

21 II. A partir del segundo año, los Gobiernos Autónomos Departamentales, utilizarán el diez por ciento (10%) del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para mantenimiento y atención en las casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento. III. Del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la primera gestión fiscal siguiente a la publicación del presente Decreto Supremo, los Gobiernos Autónomos Municipales, utilizarán para los Servicios Legales Integrales Municipales, el veinticinco por ciento (25%) aquellos con una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes, y treinta por ciento (30%) los que tengan una población menor a cincuenta mil (50.000) habitantes, a objeto de financiar infraestructura, equipamiento, mantenimiento y atención a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento. IV. A partir del segundo año, los gobiernos autónomos municipales utilizarán el diez por ciento (10%) del total de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana, para mantenimiento y atención en los Servicios Legales Integrales Municipales para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento. Del total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las entidades territoriales autónomas, la Policía Boliviana solicitará a éstas como mínimo el cinco por ciento (5%) para el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia - FELCV y cumplir con las funciones establecidas en la Ley Nº 348. Decreto Supremo N 2610 de 25 de noviembre de Un año después a la vigencia del Reglamento a la Ley N 348, el mismo fue modificado mediante el Secreto Supremo N 2610, precisando aún más la obligatoriedad de las Entidades Territoriales Autónomas para destinar recursos para el equipamiento y fortalecimiento de la FELCV, de la siguiente forma: V. Del total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las entidades territoriales autónomas se destinará como mínimo el cinco por ciento (5%) para infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV, a través de la Policía Boliviana en el marco de las funciones establecidas en la Ley Nº SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN CIFRAS La vigencia de la Ley N 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, marca el inicio de un cambio de modelo en la concepción y el abordaje de la violencia de género en Bolivia. Esto tiene que ver, por un lado, con la tendencia internacional de adecuarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y por otra, con una consecuencia histórica de la lucha de las mujeres que demandan al Estado una norma, de características integrales, que supere la violencia intrafamiliar y que dé respuestas estructurales a un delito público que se repite impunemente todos los días. Cinco años después, a pesar de varios esfuerzos institucionales derivados de esta ley, la situación de violencia contra las mujeres en el país no se ve impactada de manera considerable. Como se verá más adelante, las brechas entre la norma y la realidad obedecen a varios factores: institucionales, de coordinación, económicos, entre otros. No es posible entrar a este análisis sin recorrer las cifras de la violencia en sus diferentes manifestaciones -, que se reportan a partir de las instancias especializadas. 21

22 Según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVcM) 5, realizada el 2016 en los nueve departamentos: Por cada 100 mujeres, 75 declararon haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en el transcurso de su relación. El 39% de las mujeres casadas o en unión libre sufrieron violencia psicológica durante el último año, 20,7%, violencia física, 15,3%, violencia sexual y 15,1%, violencia económica. De un total de mujeres separadas, divorciadas y viudas de 15 años o más, a nivel nacional, ha vivido algún tipo de agresiones por parte de su ex pareja (81, 2%).De este total, el 68,2% sufrió violencia física; el 61,2 % violencia económica y el 48,2% violencia sexual. (INE, 2016) Entre 2015 y 2017, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) recibió denuncias de mujeres. El detalle por año es el siguiente: Cuadro 1. Número de denuncias sobre delitos contemplados en la Ley N 348 presentadas a la FELCV ( ) Gestión (enero a marzo) Denuncias Fuente: Informe FELCV, 2018 Por otra parte, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público, los casos abiertos en esa instancia por delitos referidos a violencia, a nivel nacional y por el mismo periodo, ascendieron a , de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro 2. Número de casos abiertos por el Ministerio Público sobre delitos de violencia contemplados en la Ley N 348, a nivel nacional GESTIÓN N de casos (enero a marzo) TOTAL Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público, Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres, Instituto Nacional de Estadística, febrero de

23 La información referida muestra el ascenso de casos en cada gestión: de en el 2015, a en el Esto muestra que, sin considerar el 2018, el promedio de casos anualmente es de casos aproximadamente, lo que corresponde a 97 casos suscitados por día en el territorio boliviano. Cuadro 3. Número de casos abiertos por el Ministerio Público sobre delitos de violencia contemplados en la Ley N 348, por Departamento Departamento (*) Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija Total (*) Datos de enero a marzo de Fuente: Ministerio Público, De acuerdo al Cuadro 3, los casos abiertos por el Ministerio Público en todo el país, desagregados por departamento, nos muestran que el mayor índice corresponde al departamento de La Paz seguido por el departamento de Santa Cruz; en contraste a los departamentos de Pando y Beni que resultan ser los lugares con menor cantidad de casos abiertos en el país. A continuación, los casos serán desagregados por los tipos penales que se encuentran tipificados en la Ley N 348. Cuadro 4. Número de casos diferenciados por tipo penal acorde a la Ley N 348, a nivel nacional Tipo penal (Hasta marzo) Aborto forzado Abuso sexual Acoso sexual Actos sexuales abusivos

24 Esterilización forzosa Estupro Feminicidio Homicidio suicidio Lesiones graves y leves Lesiones gravísimas Rapto Substracción de un menor o incapaz Substracción de utilidades de actividades económicas familiares Violación de NNA Violación Violencia económica Violencia Familiar o doméstica Violencia Patrimonial Total Fuente: Ministerio Público, En base al Cuadro 4, el Gráfico 3 permite apreciar cuáles son los tipos penales más frecuentes de los casos abiertos en el Ministerio Público. Gráfico 3. Delitos más frecuentes con proceso en el Ministerio Público (Nacional) * Viol. Familiar o doméstica Violación Violación de NNA Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio Público, *Hasta marzo. El delito de mayor frecuencia es la violencia familiar o doméstica, y marca una diferencia sustancial respecto a los demás, representa el 83% del total de los delitos. En segundo lugar, se encuentran los delitos de por violación y en tercero los de violación a niños, niñas y adolescentes. 24

25 La información remitida por el Ministerio Público deja ver que la categoría violencia familiar o doméstica engloba una serie de tipos de violencia especificados en la norma, que contribuyen a una visibilización más clara y real de esta problemática. Cuadro 5. Edad de las víctimas de delitos contemplados en la Ley No. 348 a nivel nacional Edad (hasta marzo) Niñas de 0 a Niños de 0 a Adolescentes mujeres de 11 a Adolescentes hombres de 11 a Mujeres de 18 o más Hombres de 18 o más Mujer no consigna edad Hombre no consigna edad Total Fuente: Ministerio Público, La información remitida expresa que la categoría Mujer no consigna edad, representa el 47% de las víctimas de delitos contemplados en la ley, seguida de la categoría Mujeres de 18 años o más, lo que lleva a inferir que esta primera hace referencia a mujeres de 30 años o más. Llaman la atención las cifras de niñas y niños entre 0 y 11 años de edad, teniendo en cuenta que existe una norma específica para el tratamiento de esta población (Código Niña, Niño y adolescente). Sin embargo, al considerarse la integralidad de la ley, puede presuponerse que se trata de delitos como violencia física o violencia sexual. Cuadro 6. Etapa procesal de los casos por año (Nacional) 2015 Etapa del proceso No. de casos Preliminar 4977 Preparatoria 837 Juicio Oral 1550 Causas cerradas Apelaciones 1 25

26 Total Etapa del proceso No. de casos Preliminar 5234 Preparatoria 1673 Juicio Oral 2227 Causas cerradas Apelaciones 20 Total Etapa del proceso No. de casos Preliminar Preparatoria 4430 Juicio Oral 922 Causas cerradas Apelaciones 1 Total (hasta marzo) Etapa del proceso Preliminar 5521 No. de casos Preparatoria 476 Juicio Oral 9 Causas cerradas 548 Apelaciones 0 Total Fuente: Ministerio Público, Como puede verse, de un total de procesos iniciados entre 2015 y 2018 (hasta marzo), causas han sido cerradas o concluidas, el restante se encuentran abiertas. Según la misma fuente, en cuanto al número de casos diferenciados por estado del proceso, entre enero de 2015 y marzo de 2018, se tiene: causas rechazadas con imputación formal 167 salidas alternativas causas con criterio de oportunidad con sobreseimiento procedimientos abreviados 26

27 6.958 procesos con acusación sentencias condenatorias El análisis de estos datos muestra que del total de procesos registrados en el marco de la Ley N 348, entre las fechas señaladas, solamente el 1,13% concluyeron con sentencia condenatoria, los demás, como puede verse contaron con sobreseimiento, salidas alternativas, rechazo, etc. Cuadro 7. Número de feminicidios por año (Nacional) Delito (hasta marzo) Total Feminicidio Fuente: Ministerio Público, El feminicidio, (crimen resultado de la violencia extrema contra las mujeres por su condición de género), es uno de los delitos de mayor preocupación en el entramado de la violencia. Durante el 2015 y marzo de 2018, el Ministerio Público registró un total de 386 casos. De acuerdo a esta cifra, Bolivia tendría una tasa de 2,16 feminicidios por cada mujeres. Concretamente, mirando el 2017, cada tres días y medio se reporta un feminicidio en Bolivia 6. 6 Comunidad de Derechos Humanos. Informe de seguimiento a las recomendaciones priorizadas al Comité de la CEDAW. La Paz,

28 CAPITULO DOS DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS 28

29 2.1 DENUNCIAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA LEY N 348 Una de las competencias atribuidas a la Defensoría del Pueblo es la investigación a solicitud de parte de actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos. En este marco, la institución ha creado el Sistema del Servicio al Pueblo, al que pueden acudir todas las personas agrupaciones u organizaciones que se sientan afectadas en sus derechos por actos y procedimientos administrativos arbitrarios, así como violaciones de derechos humanos y otros actos ilegales; sin importar su nacionalidad, edad, residencia, incapacidad para obrar, detención en centro penitenciario o policial y otros. En el marco de la Ley N 348, entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2018, esta instancia recibió denuncias sobre violencia contra las mujeres. De éstas, 1847 fueron gestionadas de acuerdo a la norma (71,70%), de ese total, 22,59% contaron con imputación formal determinada por autoridad competente, 5,63% recibieron orientación y 0,08% fueron rechazadas. Derechos más denunciados Por otra parte, los reportes del Sistema muestran que a nivel nacional entre el año 2015 y marzo de 2018, fueron aceptados 703 casos de vulneraciones de derechos humanos acaecidos en el marco de la atención de las instituciones competentes conforme a Ley N 348. De ese total de casos, el derecho más denunciado fue el de Violencia contra la Mujer con 497 casos equivalente al 70,70%, en segundo lugar, Garantías del Debido Proceso y Acceso a la Justicia, con 78 casos equivalente al 11,10% y Derechos Laborales 33 casos equivalente al 4,69%. El siguiente cuadro muestra los detalles de esta información. Cuadro 8. Derechos más denunciados al Sistema del Servicio al Pueblo, entre 2015 y marzo de 2018 en el marco de la Ley N 348 (nacional) Derechos más denunciados Cantidad % Violencia contra la mujer ,70% Garantías del debido proceso y acceso a la justicia 78 11,10% Derechos laborales 33 4,69% Derechos de la niñez y adolescencia 25 3,56% Derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la Administración Pública 17 2,42% Dignidad 10 1,42% Integridad 8 1,14% Derecho a la educación 7 1,00% Derechos en la familia 5 0,71% Igualdad y no discriminación 5 0,71% Petición y respuesta 5 0,71% Otros derechos 13 1,85% Total general ,00% Fuente: Reporte del Sistema de Servicio al Pueblo. Defensoría del Pueblo,

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